La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha aprovechado el debate en el Congreso sobre la toma en consideración del proyecto de nuevo Estatuto valenciano para reiterar que la Constitución es el "marco infranqueable" para las próximas reformas estatutarias. La vicepresidenta lo puso como modelo para las demás, no sólo por su respeto a “los límites constitucionales” sino también por el “amplísimo consenso” cosechado a su favor en la Comunidad valenciana y porque responde al “interés de los ciudadanos”.
Vaya por delante que no es nuestra intención sumarnos de manera acrítica a una reforma estatutaria por el simple hecho de que goce del consenso entre las dos principales formaciones políticas de España. Jamás el Partido Popular se presentó a las elecciones en la Comunidad valenciana con la promesa de una reforma del Estatuto que, entre sus votantes, concita, como mínimo, el mismo escaso interés que entre los votantes valencianos del PSOE. No se nos oculta, además, aspectos jurídicos muy cuestionables de este proyecto que, por ejemplo, pretende enumerar derechos para los valencianos que, como españoles que son, deberían seguir encontrando su salvaguarda en la Constitución y no en un Estatuto de Autonomía. No menos problemático puede ser el ninguneo, en algunos aspectos, del Tribunal Supremo. Y, desde luego, podemos asegurar que es escaso el entusiasmo que despierta entre los valencianos el saber que este nuevo Estatuto excluye como “lengua propia” a la lengua materna de la mayoría de ellos, como es el castellano.
En líneas generales, sin embargo, hay que admitir y tener presente que el Estatuto valenciano es el único de los redactados por vía del art. 143 de la Constitución Española que no se ha reformado íntegramente desde su primera redacción en 1982. Más que arrogarse nuevas competencias, viene, en la mayoría de los casos, a adaptar institucionalmente competencias transferidas y asumidas con posterioridad.
Si la reforma del Estatuto valenciano, en cualquier caso, ha sido más el resultado de una demanda oficial que real; si se trata de una cuestión de elites políticas y mediáticas, más que de los intereses de los valencianos de a pie, el proyecto adquiere, sin embargo, un valor innegable desde el punto de vista comparativo, frente a los claros proyectos de ruptura que se auspician desde Cataluña y el País Vasco.
Las “tranquilizadoras” palabras de la vicepresidenta entorno al “interés de los ciudadanos”, el “consenso político” o el “marco infranqueable de la Constitución” no deberían tranquilizar a nadie. Todas las encuestas destacan el escaso interés de la mayoría de los ciudadanos catalanes por la reforma de su estatuto. Pero si De la Vega considera que en Valencia ha habido “mucho interés ciudadano”, qué no dirá del apoyo de los ciudadanos catalanes a lo que cocinen sus representantes autonómicos. En cuanto al consenso político, hay que decir algo tan obvio como que, sin ese consenso a nivel autonómico, no hay proyecto de reforma estatutaria que someter a consideración del Congreso de los Diputados. La cuestión es quien participa en ese consenso autonómico y entorno a qué.
Finalmente, respecto al “marco infranqueable de la Constitución”, hay que decir que en la España de ZP uno puede dudar hasta del sentido del lenguaje. Que una comunidad autónoma pretenda proclamarse como nación en su Estatuto, ¿franquea o no franquea nuestra Carta Magna? Si tenemos presente las palabras de Bono, en su rifirrafe de este martes con Duran Lleida, la respuesta es sí. Ciertamente, el ministro ha señalado que el concepto legal de nación corresponde a España y la soberanía nacional, a todos los españoles, y que si otra institución o Comunidad Autónoma quiere ser reconocida legalmente como tal debe modificarse la Carta Magna. ¿Es de esta opinión la vicepresidenta De la Vega? ¿A qué espera ella y el presidente del gobierno para dejarlo claro al resto de sus compañeros del PSC y, de paso, al resto de los españoles?
